La detención de El Bronco, ¿espectáculo o aplicación de la ley?

POR ARTURO TEXCAHUA.

Es costumbre política en México que el nuevo gobernante lleve a la cárcel a un famoso personaje de la vida pública, principalmente a un político, sea servidor público, representante popular, dirigente de un sindicato o de una organización partidista, acusado de algún acto de corrupción. Otro tipo de delitos es excepcional. Encuentran pruebas, hay testimonios. Se inician procesos que la mayoría de las veces terminan con la exoneración del acusado, porque fueron mal llevados o por la ausencia de pruebas sólidas. Mientras, el escándalo sirve para demostrar que el recién llegado gobernante está determinado a respetar la ley, a no perdonar; el acto da lecciones, demuestra que el nuevo gobierno es diferente, afianza el poder, advierte, da espectáculo, elimina a un opositor o castiga antiguos agravios. Sin embargo, al finalizar el sexenio estos acusados son liberados, para nuestra sorpresa, por distintas razones legales, entre las que destaca la falta de pruebas sólidas.

Por supuesto, que en México, y seguramente en todo el mundo, deseamos que se respete la ley y que se castigue, conforme a ésta, a quien cometa un delito. Y para todos es aún más sensible el tema, si éste tiene que ver con la corrupción. En un país con una gran cantidad de personas pobres, ver que un poderoso, un adinerado, un multimillonario con propiedades y lujos, un encumbrado servidor público, es detenido y llevado a la cárcel contenta al pueblo, pues ve en este acto, no sólo la humillación, sino también la exhibición y el reconocimiento de su podredumbre, de la que siempre es sospechoso el político y el rico.

Por eso, prometer durante las campañas políticas que, de llegar a ganar, se castigará a quienes hayan cometido esos delitos, reditúa siempre beneficios.

Éste es el caso del exgobernador de Nuevo León, conocido popularmente como “El Bronco”, quien, entre sus pintorescas ocurrencias, propuso la salvajada de cortar las manos a los ladrones. ¿Podría haber imaginado que él sería acusado de malversar recursos públicos?

La difusión mediática del suceso, así como la filtración ilegal de fotografías del exgobernador fichado y en la celda, son pruebas de que se privilegió el escándalo.

Se sospecha la venganza política y la aplicación de este ritual de escarmientos. Es deseable que no sea por esos motivos. Esperemos que quienes hoy acusan tengan verdaderos elementos legales para llevarlo a prisión.

Porque la ley se debe aplicar siempre. Y quien cometa un delito debe ser castigado de acuerdo con ésta, no por venganza personal, para dar ejemplo o escarmiento. Y por supuesto, la aplicación de la ley tampoco debe someterse a consulta popular.

Buscar la justicia y aplicar la ley son supuestos que todos los países pretenden instaurar de manera transparente e imparcial. Aún no sabemos si esto es una utopía o es un objetivo realmente alcanzable. Todos hemos visto cómo el poder limita el ejercicio objetivo de la ley y quien tiene buenos abogados consigue reducir penas, evadirlas o lograr acuerdos ventajosos.

Quisiéramos que el imperio de la ley se estableciera realmente, que los poderosos y los políticos encumbrados sean sancionados o penados como corresponda, sin excepciones, sin que sean perdonados por ser amigos de quien ostenta el poder o porque su dinero determine su destino. Justamente queremos imparcialidad en la aplicación de la ley. Al final, esto nos beneficiará a todos.